Lecturas prohibidas

Publicado en Tribuna de Sur el 11-02-18

Copiando el modelo francés de las prefecturas, y ojo, mediante una simple circular, Javier de Burgos creaba en 1833 un Estado centralizado dividido en las 49 provincias que hay en la actualidad -salvo Canarias, que se crea en un principio como una sola-. Fue un trabajo de cartografía y, por tanto, artificial: tenían que ir poniendo la punta del compás en la ciudad más poblada, y a partir de ahí -respetando latifundios- establecer un radio en el que el punto más lejano pudiera ser accesible en coche de punto o diligencia en el mismo día, sin necesidad de pernocta. Fue así como, por poner nuestro ejemplo más cercano, Ronda, con lazos históricos con Sevilla, o Antequera, con grandes querencias tradicionales hacia Granada, pasaron a formar parte de la nueva provincia de Málaga.

A partir de entonces habrá un «gobernador provincial» y esta división se mantendrá en la II República y en el franquismo. Es más, nuestra Constitución del 78 vigente considera a las provincias piezas básicas de la organización territorial de España (artículo 141), base de las circunscripciones electorales (artículo 68) y, agrupadas o de forma uniprovincial, unidades que van a ir conformando las comunidades autónomas (artículo 143).

La pregunta que nos asalta hoy en día es clave: ¿de verdad un diputado, un senador o un parlamentario autonómico representa a la provincia que le ha conferido el mandato representativo democrático? La respuesta a nadie se le escapa: para nada.

En los Estados Unidos de América un senador representa a un estado, es cierto que responde a una ideología y ha sido elegido generalmente bajo el paraguas de un partido político. Pero si hay una contradicción clara entre los intereses de su estado y los intereses del partido, el senador no dudará: su voto irá en contra de lo que propugne su partido. En Gran Bretaña los parlamentarios abren una oficina en su condado, escuchan a sus electores y responden ante ellos, por encima de su propio partido si es necesario.

En España no ocurre lo mismo, se votan listas cerradas en el Congreso de los Diputados y en los parlamentos autonómicos (la lista abierta de un Senado inútil excepto para el famoso 155 de poco sirve). Si preguntamos a cualquier ciudadano si conoce a los parlamentarios que han salido elegidos gracias a su voto la gran mayoría desconocerá su nombre y apellidos, los mismos que venían en la papeleta que introdujo en la urna.

Después de varias puñaladas traperas internas el político se colocará en un buen puesto en la lista, y si consigue salir elegido para lo único que le servirá la provincia por la que ha salido elegido es para cobrar las oportunas dietas: porque a partir de entonces lo importante es lo que le mande votar el partido, incluso multándole si se aparta de esta disciplina de voto.

Curiosamente la única institución que representa a la provincia (la Diputación Provincial) se va a elegir de forma indirecta en las elecciones locales. Y serán éstas, las que van a conformar los ayuntamientos, las que sí mantienen una correspondencia clara entre circunscripción y jurisdicción, y de ahí que puedan salir alcaldes, con total legimitidad, de candidaturas independientes o de partidos minoritarios.

Y algo parecido va a ocurrir también en las elecciones europeas, donde la única circunscripción nacional dará escaños a personajes como un Ruiz Mateos que, de haber mantenido la división provincial, jamás hubiera obtenido representación.

Pero, en términos estrictamente democráticos, parece más justo -aunque a mí sea el primero que no me hace gracia- que se respete la voluntad de miles y miles de ciudadanos que han votado al empresario difunto de la abejita de Rumasa. Insisto: parece eso más justo a que no haya ningún miembro del Partido Animalista en el Congreso a pesar de haber obtenido casi trescientos mil votos en las últimas elecciones al Congreso de los Diputados.

Si a todos se nos llena la boca con que la soberanía reside en el pueblo español, parece más justo un diputado del Partido Animalista a la sobrevaloración de partidos nacionalistas que solo se presentan en una parte del Estado y que, sin embargo, condicionan y chantajean al Gobierno de la nación.

Y si hablamos de elecciones autonómicas véase el ejemplo reciente de Cataluña: parece más justo que la mayoría ganadora de votantes no independentistas tuviera esa mayoría en el Parlament.

Sin entrar en diseccionar el sistema legal D’Hondt, el juego de cocientes que reparte los escaños, y que daría para otro artículo, es evidente que la partitocracia seguirá existiendo mientras haya listas y disciplina de voto. Pero no es descabellado pensar que con una única circunscripción nacional en elecciones generales, o una única regional en las autonómicas, la voluntad de los votantes correrá mucho más pareja a la distribución final de los escaños.