Lecturas prohibidas

Publicado en Tribuna del diario SUR el 9 de septiembre de 2019https://www.diariosur.es/opinion/servicios-sociales-esenciales-20190909002420-ntvo.html

Ahora que abandono mi responsabilidad en el Servicio de Protección de Menores de Málaga me siento más legitimado para exponer una idea que llevo rumiando varios años, pero que no me he atrevido a exponer en esta tribuna: quizás por no querer mezclar mis opiniones personales como articulista con las profesionales como servidor público, quizás por no querer que se interpretara que detrás de mis palabras se escondía un mero interés particular. De ahí que ahora sea el momento propicio.

Se habla siempre de tres pilares fundamentales del llamado Estado del Bienestar: las pensiones, la educación y la sanidad. A raíz de la entrada en vigor de la conocida como ‘Ley de la Dependencia’ se comenzó a hablar de esta última como el cuarto pilar. Sin abandonar este campo semántico, me gustaría matizarlo: el sistema de atención a la dependencia, sin dejar de ser básico y primordial no deja de ser una parte, no el todo, del llamado cuarto pilar del estado del bienestar.

Al igual que hay muchos tipos de pensiones ‘esenciales’, todo un elenco de servicios sanitarios ‘esenciales’ y distintos tipos de servicios educativos ‘esenciales’, hay varios servicios sociales ‘esenciales’, por citar algunos ejemplos palmarios: dependencia, violencia de género, discapacidad, renta mínima, ayudas de emergencia o menores…

Todos ellos merecen la consideración de ’servicios sociales esenciales’ del cuarto pilar del Estado de bienestar, ya que son básicos para la calidad de vida y la cohesión social. Más aún, y no exagero, de su buen funcionamiento depende muchas veces la vida, sí, la misma vida, de un bebé, de un anciano, de una mujer…

Comunidades como la andaluza o la valenciana han dado ya pasos legislativos importantes que abandonan el concepto de la obsoleta beneficencia, del carácter paternalista asistencial: ya se habla de un verdadero y reconocido derecho subjetivo, vuelvo a repetir, al igual que la pensión de jubilación, la educación primaria o una urgencia hospitalaria. No se está pidiendo una limosna a la sociedad sino que esta misma es quien se autoimpone una obligación legal. La comunidad valenciana habla ya de un «interés general y esencial»: a todos nos interesa, y con carácter básico, que un anciano ingrese en una residencia, que alguien que lo está pasando mal reciba un ingreso de subsistencia, o que se proteja inmediatamente a un menor que ha sufrido un abuso sexual por parte de su propia familia…

Y todo ello pasando de puntillas (merece un capítulo aparte) por la labor insustituible e impagable del llamado tercer sector de acción social. Al igual que ocurre con la educación o la sanidad concertada, también los servicios sociales concertados conforman el tejido y la red de gran parte de los recursos. Y no olvidemos nunca la cantidad de millones de euros que ello supone, y los miles y miles de puestos de trabajo, puestos de trabajo que, por cierto, no pueden ser deslocalizados a China o al sudeste asiático.

Sin embargo, y a pesar de las leyes que he comentado, las primeras que no se terminan de creer este carácter de esencial son las propias administraciones públicas, que una y otra vez meten en el mismo saco de los ’servicios generales’ a los que deben ser ’servicios esenciales’: no hablo de sueldos, simplemente de composición de plantillas y de reposición de las mismas, por poner un ejemplo. Que en un ayuntamiento, diputación, comunidad autónoma o ministerio no esté bien dimensionada la plantilla de profesionales de servicios sociales que atiende en sus respectivas competencias a su población supone, y es fácil de entender, exactamente lo mismo que si faltan médicos o maestros, y sin embargo existe la conciencia colectiva de cortar una carretera por un centro de salud, o por un nuevo instituto, pero no por un centro de servicios sociales comunitarios.

Quizás sean necesarias dos premisas básicas para que la consideración de esencial sea más visible, real y efectiva. Una, que se creen, o se vuelvan a crear, instituciones públicas con autonomía presupuestaria y de personal propia. Dos, que no se descarten servicios asistenciales de guardia públicos, que trabajen fuera del horario habitual de oficina.

Está ya totalmente interiorizada en nuestra vida diaria la figura de nuestro médico de cabecera y nuestra tarjeta sanitaria, o el profesor tutor de nuestros hijos en el colegio y el carnet de estudiante. Pues bien, de igual forma se tiene que conseguir que todos y cada uno de nosotros tenga un ‘profesional social’ de referencia en nuestro barrio de residencia y una tarjeta social única con nuestras peticiones y prestaciones. Alguien cercano, responsable, con un rostro conocido, que será el que nos guíe por el camino de nuestras ‘necesidades sociales esenciales’, y si tiene que haber un servicio de guardia en el centro de servicios comunitarios para actuaciones que no pueden esperar pues tendrá que haberlo: porque es algo ‘esencial’.

En definitiva, mis amables y fieles lectores, solo les pido que conformen en su mente una imagen final. Cuando piensen en las figuras de los profesionales sanitarios y educativos como pilares de nuestro Estado Social añadan siempre, por favor, a un tercer grupo: a los profesionales de los servicios sociales, porque, se lo aseguro, casi todos se dejan la piel por todos aquellos que lo necesitan.